Ésta se basa en gran medida en los ingresos previstos por la recalificación y venta de los terrenos sobre los que se asienta su actual estadio, así como en los derechos por la retransmisión televisiva.
El Levante ha pactado un plazo de cinco años para satisfacer la deuda con una quita del 50% dentro de un convenio que afecta a los acreedores ordinarios, con los que el Levante mantenía, antes de este acuerdo, una deuda de 40 millones de euros y que ha pasado finalmente a 20.
Igualmente, en la quita del 50% se incluye a los acreedores subordinados, con los que el club levantinista mantiene una deuda cercana a los 15 millones de euros.
Así, cuando el juez apruebe el convenio a mediados de septiembre, se producirá el cese de los administradores concursales y el club recuperará las facultades por lo que la toma de decisiones quedará exclusivamente en manos de su consejo de administración.
En referencia al proyecto de recalificación y venta de los terrenos, el concejal socialista Vicente González Móstoles ha asegurado que su grupo "comparte los objetivos" del citado convenio y que, tras solicitar una aclaración al equipo de Gobierno, ha constatado que "no vulnera la legalidad".
"No vamos a obstaculizar este proceso porque entendemos que tiene unos objetivos sociales justos. El Levante, a pesar de ser una entidad privada, es un fenómeno social importante", ha concluido.